Plataformas digitales: un poder sin rostro y sin rendición de cuentas

Los casos de este ensayo se plantean como hipótesis. Ninguno está fuera de lo que sucede con regularidad.

I. El asteroide

Supongamos que filmo una obra de teatro en la que matan a alguien y la subo a YouTube. No es una obra que celebre la violencia: la cuestiona, la desarma, la pone frente al espectador para que no pueda mirar hacia otro lado. La plataforma decide que incita a la violencia.

No hay un juez. No hay expediente, ni plazo, ni un argumento que pueda contestar. Hay un aviso, un botón de apelación y una respuesta que, como la primera, no viene firmada por nadie. La empresa que me acusa es la misma que resuelve mi defensa. Juez y parte.

Una decisión de moderación no se siente como una resolución legal, sino como un meteorito que te cayó encima sin que puedas reclamarle a la gravedad.

Tampoco hace falta imaginar mucho. Cualquier músico que publica en la plataforma conoce los reclamos de Content ID contra su propia música: música que compuso, grabó y publicó. Un sistema automático le informa que lo suyo quizá no sea suyo, y lo invita a demostrarlo ante el mismo sistema.

No escribo esto como queja de creador. Lo escribo como abogado que no sabe a quién demandar.

Las decisiones de las plataformas llegan como llegan los fenómenos naturales: sin interlocutor, sin razones, sin apelación externa. Como un asteroide. Detrás hay voluntad, personas, políticas e intereses, pero para el ciudadano y para el Estado es como si no los hubiera. Lo que convierte a una empresa en asteroide no es su tamaño. Es que nadie la puede obligar.

Y sin embargo, a diferencia de un asteroide, a una plataforma sí se le puede obligar. Basta con hacerla alcanzable.

Mi tesis es sencilla: hemos construido un sistema jurídico que reconoce derechos frente al poder público, pero que no ha desarrollado mecanismos equivalentes frente a poderes privados que ejercen funciones materialmente públicas. Las plataformas dominantes son de interés público como hecho; la doctrina las clasifica como empresas privadas sin obligaciones de interés público. Eso no es su naturaleza. Es una decisión. Y lo que una decisión clasifica, otra puede reclasificarlo. El problema no es una empresa en particular, sino un poder que no rinde cuentas.

II. Fuera de alcance

Planteo un caso como hipótesis, aunque cualquiera que haya litigado en esto lo reconocerá. Un comunicador argentino, radicado en Miami, publica en YouTube una serie de programas sobre un personaje famoso en México y sus supuestas amantes. Las nombra. Publica sus fotografías.

Una de ellas reclama a la plataforma. La plataforma no responde. Acude a la justicia mexicana, donde vive y donde se produce el daño. El procedimiento puede avanzar, pero el responsable está en Miami y hacerlo comparecer exige recurrir a mecanismos de cooperación internacional: solicitudes a autoridades extranjeras, traducciones, meses de trámite y un costo que ella no puede pagar. Conseguir que una autoridad mexicana intervenga no significa que pueda hacer efectiva su decisión al otro lado de la frontera. Litigar en Estados Unidos tampoco parece una opción: no tiene visa y, aunque un abogado pudiera representarla allá, el costo, los estándares de la Primera Enmienda y la protección que la ley estadounidense da a las plataformas convierten esa vía en una puerta pintada en la pared.

Al final lo deja. No pierde el juicio: nunca consigue llevarlo a una instancia donde pueda obtener una respuesta efectiva. Y mientras tanto, el programa sigue en línea.

Si esa misma serie la hubiera transmitido un canal local, la historia sería otra. El canal tiene domicilio, concesión y responsables con nombre. Existe el derecho de réplica. El emplazamiento es un actuario tocando una puerta. Mismo contenido, mismo daño, mismas víctimas. Lo único que cambió fue el medio, y con él desapareció toda posibilidad de rendición de cuentas.

El patrón se repite en cualquier dirección que se mire. Si mañana demandara a YouTube México por violar una ley mexicana, aunque fuera una ley absurda, me responderían que la filial solo vende publicidad y que el servicio lo opera Google LLC, en California, conforme a sus términos. No es una excusa geográfica: es una arquitectura corporativa. Suecia castiga desde el 1 de julio de 2025 a quien paga por actos sexuales en línea y a quien lucra con ellos como intermediario, nunca a quien los realiza;¹ en el papel, eso alcanza a la plataforma, pero en la práctica solo alcanza a su propio ciudadano, que con un VPN se le escapa, mientras Dinamarca, al otro lado del puente, no castiga a quien paga. El contenido es el mismo, la plataforma es la misma y la creadora puede ser la misma; lo único que cambia al cruzar el puente es si quien paga comete un delito. Corea del Sur, en cambio, optó por bloquear el acceso a sitios extranjeros completos desde su propia red, cuando no podía actuar eficazmente sobre sus operadores. En 2019 llegó a bloquear 895 sitios, incluso en conexiones cifradas. Lo hizo con el costo de ser acusada de censura.² Texas, por su parte, logró imponer su ley de verificación de edad a los sitios pornográficos: puede hacerlo porque el peso de su mercado y de su sistema jurídico hace que a las empresas que operan en él les resulte más conveniente cumplir, o incluso retirarse, que enfrentarse al Estado.³ Un estado de la Unión Americana tiene más poder real sobre una plataforma que un país de 130 millones de habitantes.

Conviene no confundir el problema. El muro jurisdiccional, en sí mismo, es legítimo. Si contrato a una actriz de dieciocho años para filmar una película en Jalisco y le sirvo tequila, ella no puede demandarme en Los Ángeles porque allá la edad para beber es de 21. El acto fue legal donde ocurrió. Eso es soberanía en su forma más sana. El problema no es el muro. El problema es que la plataforma lo atraviesa en un solo sentido: la ley de California no puede alcanzarme por servir tequila en Jalisco, pero los criterios de una empresa californiana sí deciden qué pueden ver los mexicanos, en México.

Por eso la solución no pasa por la extraterritorialidad, sino por algo mucho más antiguo: la territorialidad. México no necesita perseguir a los dueños extranjeros ni aplicar su ley fuera de sus fronteras. Le basta con regular la actividad que se explota y produce efectos en su territorio. Quien administra legalmente un burdel en un condado rural de Nevada no puede abrir otro en Jordania, y Jordania puede cerrarlo sin tener que detenerlo en Nevada. Si importamos carne contaminada de Australia, el consumidor no demanda al rastro australiano: hay un importador que responde aquí. La legalidad de una actividad en el país de origen no determina su legalidad en el territorio donde se explota.

Hoy ocurre lo contrario. Lo que publicamos pasa primero el filtro de la ley estadounidense, que la empresa respeta porque la obliga. Después, el de sus políticas internas, que responden a anunciantes y reputación. Al final, si el asunto no es grave y casi siempre solo bajo presión política, el de la ley mexicana. Es una pirámide de Kelsen invertida. No formalmente —ningún juez diría que los términos de servicio están por encima del artículo 133⁴—, sino en la experiencia del ciudadano, que es donde los derechos se viven o se pierden. Dicho sin tecnicismos: en la práctica, lo que decide la empresa pesa más que lo que dice la Constitución.

III. Fuera de evaluación

Los derechos fundamentales no son absolutos. Están garantizados, pero pueden restringirse: el artículo 1o. constitucional dice que solo en los casos y condiciones que la propia Constitución establezca.⁵ Lo que los protege no es estar fuera del alcance del Estado, sino que toda restricción tiene que pasar una evaluación: legalidad, fin legítimo, idoneidad, necesidad, proporcionalidad. Y un juez que revisa.

Una ley que prohibiera mostrar las uñas en público se evaluaría y no pasaría la prueba. La decisión de YouTube sobre mi obra no la evalúa nadie. El problema no es que la plataforma esté por encima del Estado. Es que está fuera del sistema de evaluación. Las garantías de los artículos 6o. y 7o. se diseñaron para mirar al Estado; la censura se mudó a un particular, y las garantías se quedaron mirando al Estado.

En medicina se toleran los falsos positivos, pero por una razón precisa: no se actúa sobre ellos sin confirmar. A quien da un falso positivo de cáncer no se le amputa la pierna; se le hace una segunda prueba. La sospecha activa la verificación, no la sanción. En las plataformas ocurre al revés: el algoritmo sospecha, la sanción se ejecuta y la verificación, si llega, corre por cuenta del afectado.

Pensemos en Pedro. Alguien lo golpea porque, por su apariencia, cree que va a asaltar a una anciana. La buena fe de quien golpea puede graduar su responsabilidad, pero no convierte la sospecha en hecho ni borra el daño. Y aunque Pedro sí tuviera esa intención, no se le puede romper la cara preventivamente por una predicción. El derecho conoce la legítima defensa frente a una agresión real, actual o inminente; no conoce la sanción por sospecha. La vieja fórmula de Blackstone —mejor que escapen diez culpables a que sufra un inocente—⁶ no es sentimentalismo: es una decisión de diseño. Un sistema que acepta sacrificar inocentes en nombre de la eficiencia no es más seguro; es menos justo. Quien elige automatizar decisiones que afectan derechos debería asumir el riesgo del error, en lugar de trasladarlo al ciudadano inocente.

Los falsos positivos, además, no se reparten al azar. Los derechos tienen una función contramayoritaria: existen para proteger al que queda fuera. Una plataforma está diseñada para lo contrario: optimiza para el promedio y para lo que tolera el anunciante. Y su lectura del lenguaje no es neutral: los sistemas de moderación aprendieron sobre todo en inglés, con la historia racial de otro país.

Mi perro se llama Negrito. “Negrito” es pura descripción: el perro es negro. “Esto está en chino” no alude a ningún chino; significa que algo es dificilísimo. “Oye, pinche negro, vamos a cenar”, entre dos amigos de Minatitlán, es un apodo de cariño, con un matiz que en México sí se discute y que vale la pena discutir. Una mujer en Mississippi que le grita esa palabra a un hombre negro reproduce siglos de violencia. En los cuatro casos aparece una palabra que un filtro puede marcar. Solo el último es claramente un agravio. Un juez distingue los cuatro sin esfuerzo, porque su oficio es leer el contexto; nuestra Suprema Corte lo ha hecho, con argumentos públicos, al decidir cuándo ciertas palabras son expresiones de odio.⁷ Un clasificador corre el riesgo de tratarlos igual, porque su oficio es encontrar patrones. Y si el debate sobre un apodo le corresponde a alguien, es a la sociedad mexicana, no a un modelo entrenado en California.

Entonces llega lo más grave: la gente empieza a hablar para el algoritmo. Nadie va a hacer tres apelaciones porque el perro se llama Negrito. Mejor le pone Prietito. Pero Prietito está a un ajuste del algoritmo de volverse sospechoso, y luego viene Oscurito, y a la vuelta de cinco años termina llamándose Sombrita. Ninguna ley prohibió nada. Apelar cuesta tiempo y monetización; renombrar no cuesta nada. La autocensura no se detiene en un cambio, porque quien la ejerce nunca sabe dónde está la línea y se aleja cada vez más de ella. El perro sigue igual de negro. Lo único que se borró fue la palabra.

El derecho ya conoce ese daño. Lo llama efecto inhibidor, y basta para declarar inconstitucional una ley vaga aunque no haya sancionado a nadie. Pero solo lo reconoce cuando lo causa el Estado. Cuando lo causa una política corporativa, el daño es el mismo y nadie lo atiende. Lo mismo vale para la protección más elemental: si en aquella serie de Miami una de las mujeres nombradas fuera menor de edad, la ley mexicana la protegería expresamente; en la plataforma, esa protección dependería de la buena disposición de una empresa extranjera.

IV. ¿Quién es?

La ley obliga porque, en teoría, la escribe quien la obedece. Es una ficción —el constituyente es el pueblo a través de sus representantes—, pero una ficción que sostiene la legitimidad de todo el sistema. Detrás de las reglas de una plataforma no hay un pueblo, sino accionistas. Los usuarios no somos constituyentes; somos adherentes. Las reglas cambian con un correo que nos avisa que, si seguimos usando el servicio, aceptamos. Y el accionista tiene como primer fin lucrar: la ley le resulta obligatoria, pero secundaria; un costo de operación. Frente a la plataforma, además, el ciudadano ocupa tres lugares a la vez: es consumidor, es proveedor de contenido y es producto. El Estado apenas lo protege en el primero.

Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué es una plataforma?

El derecho conoce dos posiciones coherentes. El editor —un periódico— decide qué publica y, por eso, responde por lo que publica. El portador común —la compañía telefónica— no responde por lo que se dice en sus líneas, pero a cambio no puede decidir quién habla ni qué dice. Las plataformas tienen la inmunidad del portador y el poder del editor. Se quedan con lo mejor de cada papel y con las obligaciones de ninguno.

No se puede ser o no ser a medias. Hacer a las plataformas responsables de todo lo que publican sus usuarios me parece un error de diseño: las convertiría en censoras por miedo. Pero si no responden por el contenido, ¿bajo qué lógica deciden qué circula? Estados Unidos resolvió esa tensión de la peor manera posible: les reconoció la libertad editorial y les conservó la inmunidad. Son editores sin la responsabilidad de un editor. México asumió un arreglo semejante en el T-MEC: el artículo 19.17 incorporó protecciones equivalentes a las del escudo estadounidense, incluida la idea de que restringir contenido de buena fe no genera responsabilidad.⁸ Sostengo que la buena fe no basta. Y el propio tratado no cierra la puerta. El artículo 32.1 incorpora las excepciones generales de orden público del AGCS;⁹ el anexo 19-A dispone que México cumplirá el escudo de buena fe de manera consistente con su Constitución,¹⁰ y el artículo 32.2 permite a cada Parte adoptar las medidas que considere necesarias para proteger sus intereses esenciales de seguridad.¹¹ Esa última cláusula es autojuzgable frente a los socios comerciales, pero no frente al ciudadano. Invocarla no crea un estado de excepción interno: es política internacional, y los Estados la practican todo el tiempo para protegerse de externalidades. En Estados Unidos, fueron los propios importadores quienes llevaron a la Suprema Corte los aranceles que Trump impuso invocando una emergencia nacional, y la Corte los anuló.¹² Una medida de seguridad blinda al Estado frente al tratado; no lo blinda frente a sus tribunales.

Lo más revelador es que las plataformas ya practican la separación de personas, solo que para evadir. Google México y Google LLC son personas distintas cuando conviene —“nosotros solo vendemos publicidad”— y una sola cuando conviene —“nuestras políticas son globales”—. Meta elige Irlanda como sede europea, y el domicilio decide quién la vigila. Son medio cuando hay que responder y editor cuando hay que decidir. Llamémoslo por su nombre: desorden disociativo de la personalidad jurídica.

Técnicamente no es simulación: la filial existe y sí vende publicidad. Es algo más fino. Es fraude a la ley: el uso de formas jurídicas válidas para obtener el resultado que la ley quiere impedir. Cada pieza es lícita; el conjunto sirve para no responder. Dicho en mexicano: se hacen pendejos para hacernos pendejos. Y México ya sabe responder a eso en otro terreno: el Código Fiscal permite a la autoridad recalificar los actos que carecen de razón de negocios.¹³ Si el fisco puede ignorar una estructura armada solo para no pagar impuestos, no veo por qué el ciudadano no pueda hacer lo mismo cuando la estructura sirve para no responder.

V. La terapia

Lo que una cosa es para el derecho lo decide el Estado. En Estados Unidos, el petróleo puede ser de propiedad pública o privada; en México, pertenece a la Nación. No por su naturaleza: durante el porfiriato, el petróleo era del dueño de la superficie, y fue el constituyente de 1917 quien decidió otra cosa.¹⁴ El petróleo siguió siendo el mismo; cambió la decisión. YouTube tampoco es nada “por naturaleza”. Hoy es una empresa privada sin obligaciones públicas por omisión, y la omisión también es una decisión.

Propongo reclasificar a las plataformas dominantes como servicios de interés general. No hace falta que la Nación sea dueña de nada: el transporte público se concesiona sin que el Estado sea dueño de los autobuses, y el artículo 6o. ya declara servicios públicos de interés general a las telecomunicaciones y a la radiodifusión sin que el Estado sea dueño de las empresas.¹⁵ Lo que se declara de interés general no es una cosa, es una función: administrar el espacio donde ocurre la conversación pública. No la infraestructura, ni la red humana que se forma sobre ella, sino el poder de decidir qué circula, qué se ve y qué desaparece.

Esa reclasificación tiene una consecuencia procesal que la vuelve concreta. Hoy el amparo solo procede contra autoridades, y por eso no sirve frente a YouTube. Pero la Ley de Amparo ya admite señalar a un particular como autoridad responsable cuando realiza actos equivalentes a los de una autoridad, afecta derechos de manera unilateral y sus funciones están determinadas por una norma general.¹⁶ Las plataformas cumplen las dos primeras condiciones: deciden solas qué existe y qué desaparece, y esa decisión afecta la expresión, el trabajo y el patrimonio de las personas. Les falta la tercera: ninguna norma define sus funciones. La reclasificación es esa norma. Por eso es la pieza que abre la puerta del amparo.

El núcleo de la propuesta es la separación. Una plataforma dominante tendría que operar con dos personalidades distintas, separadas y obligatorias. El medio aloja todo lo que sea legal, como portador común: no responde por el contenido, pero no puede retirarlo sin orden legal o sin un procedimiento con garantías. El editor recomienda, posiciona y amplifica: es el algoritmo que decide qué vemos. Esa sí es una decisión editorial, y quien la toma responde por ella. Al final, el daño rara vez está en que un video exista; está en que se lleve a millones de personas.

Ya sé lo que se dirá: antes de 1996, un tribunal estadounidense hizo responsable a Prodigy precisamente porque moderaba,¹⁷ y lo racional se volvió no moderar nada. La diferencia es que aquí no se trata de la misma empresa decidiendo caso por caso qué papel le conviene, sino de dos funciones separadas por ley. El medio no tiene incentivo para censurar, porque no responde. El editor no tiene incentivo para amplificar cualquier cosa, porque sí responde. Y si el editor contamina al medio —si el medio retira contenido para proteger el negocio del editor—, la separación se revela como lo que era y se levanta el velo: la sanción alcanza a los dos. Editas, asumes responsabilidad. ¿Te cuesta la edición? Pierdes el medio.

No es una ocurrencia sin precedentes. Nuestro propio regulador ordenó en su momento la separación funcional de Telmex respecto de su red mayorista,¹⁸ y en 1948, con el caso United States v. Paramount Pictures, la Suprema Corte estadounidense abrió el camino para separar a los grandes estudios de sus salas de exhibición, porque la integración vertical estaba acompañada de prácticas que distorsionaban la competencia.¹⁹ Separar la función que transporta de la que decide ya se ha hecho antes.

El resto es arquitectura conocida. Un responsable con domicilio en México, con facultades y consecuencias reales, no un representante de papel. Tribunales y una defensoría digital capaces de ordenar restituciones y multas que no se paguen como quien paga un café. Un criterio de dominancia explícito, basado no solo en la participación de mercado, sino también en la dependencia de los usuarios y en el poder de intermediación sobre la conversación pública, para que la reclasificación no dependa de simpatías. La facultad de cerrar una actividad ilícita concreta en el territorio y, solo ante un incumplimiento sistemático, de suspender a la plataforma completa, siempre como último recurso y con control judicial. Lo contrario es el modelo coreano: bloquear primero y por vía administrativa. Y un regulador verdaderamente independiente, que es hoy el punto más débil de México tras la reforma constitucional de diciembre de 2024, que extinguió al IFT como órgano constitucional autónomo, y la ley de julio de 2025, que trasladó sus funciones regulatorias a una comisión desconcentrada del Ejecutivo.²⁰

A quien diga que esto es censura estatal, le respondo que la concesión no es arbitrariedad: tiene requisitos, plazos, causales de revocación y debido proceso. Protege al ciudadano en dos direcciones: frente al Estado, con el amparo y un regulador independiente; frente a la plataforma, con obligaciones de interés público. Hoy no cuenta con un régimen análogo de garantías frente al poder de las plataformas. Y a quien diga que el concesionario también lucra, le respondo que sí: la concesión no elimina el lucro, cambia el cálculo. Convierte la obligación secundaria en condición de existencia. No se trata de que las plataformas no ganen dinero, sino de que ganar dinero sin cumplir deje de ser rentable.

Queda la objeción más seria, la que en América Latina no es retórica: regular así abriría la puerta a la tiranía. La entiendo. Pero un tirano gubernamental tiene cara, tiene un despacho, un palacio al que se le puede marchar, un nombre propio y, al menos en teoría, un marco constitucional que lo limita o un proceso electoral para removerlo. Incluso los regímenes más autoritarios de la historia tenían rostros, estatuas y responsables visibles. Había a quién mirar a los ojos para exigirle cuentas, contra quién alzar la voz. Nuestro constitucionalismo lleva dos siglos aprendiendo a contener a ese tirano, y a veces falla, pero tiene herramientas. El tirano corporativo, en cambio, es una atmósfera. No te cae encima: te envuelve. No tiene palacio al cual marchar ni estatua que derribar.

Y esa atmósfera tampoco es libre. Estas empresas están sujetas a gobiernos con intereses propios, unas en occidente y otras en oriente, y en ocasiones dependen de ellos no solo jurídicamente, sino también económicamente: mediante subsidios, contratos públicos y otras formas de apoyo estatal. En general, atienden a gobiernos por los que no voté. Ucrania lo aprendió en plena guerra. A partir del 14 de octubre de 2026, SpaceX impuso restricciones a la versión militar de su sistema satelital, Starshield, de la que dependen operaciones con drones y comunicaciones en el frente. Durante más de una semana, esas restricciones afectaron operaciones militares ucranianas. Musk sostuvo que Ucrania había violado los términos de servicio; la empresa y el gobierno estadounidense ofrecieron versiones distintas sobre quién tenía el control de la decisión.²¹ The Wall Street Journal reportó que la orden vino de él, pero sus fuentes no coinciden sobre si actuó solo o después de consultar a la Casa Blanca.²² Un mes después, Zelenski denunció nuevas restricciones; esta vez nadie asumió la decisión, y la empresa negó cualquier cambio.²³ Más allá de quién apagó el botón, lo que quedó expuesto es otra cosa: un país en guerra descubrió que un sistema vital para su defensa no le pertenecía. El enemigo estaba enfrente, como en toda guerra; lo que dejó a Ucrania a merced de una decisión ajena fue la dependencia ciega de una tecnología que no controla. Y que ni siquiera pueda saber quién decidió lo confirma.

La alternativa, entonces, no es entre el Estado mexicano y la libertad, sino entre un gobierno por el que voto y gobiernos por los que no voto. Prefiero un mal gobierno por el que voté que uno magnífico donde mi voto no cuenta. Al primero lo puedo cambiar, y si me censura, puedo acudir al amparo y a los tribunales. Del segundo solo puedo esperar su buena voluntad.

El problema no es la tecnología. Es la tecnología no democratizada: la que concentra en unas cuantas manos, privadas o extranjeras, el poder de decidir quién habla, quién se conecta y quién desaparece, sin que los afectados tengan voz ni voto en esa decisión.

VI. Cierre

La historia del constitucionalismo es, en buena medida, la historia de cómo la sociedad ha intentado impedir que el poder se concentre en una sola mano. Primero fue el poder del monarca; después, el del Estado. La Constitución de 1917 dio un paso que pocas se habían atrevido a dar: reconoció que el poder privado también podía oprimir, y por eso sometió la propiedad al interés público y protegió al trabajador frente al patrón. Lo que propongo es extender esa misma conquista al poder corporativo de nuestro tiempo.

Durante décadas, en México, peleamos contra un enemigo con rostro: los medios concesionados que concentraban la palabra pública. Creímos haberlo derrotado, y surgió otro igual o peor, sin rostro. La televisión podía ser monopólica, pero era alcanzable. La plataforma no es ni siquiera eso. El problema nunca fue Televisa ni YouTube: fue el poder concentrado sobre la comunicación pública sin rendición de cuentas. Por eso lo que propongo no regula a una empresa, sino una función. Si dentro de veinte años la tiene otra, la regla debería servir igual.

La frontera no separa naturalezas, separa decisiones. Lo prueba el petróleo a ambos lados del Bravo: en México, los hidrocarburos del subsuelo pertenecen a la Nación; en Estados Unidos, pueden ser propiedad pública o privada. Lo prueban Suecia y Dinamarca a ambos lados de un puente. Lo que el constituyente clasificó, puede reclasificarlo.

No pretendo detener a las plataformas. Pretendo que dejen de ser asteroides.

Tienen demasiado poder. Y yo, como ciudadano, no le quiero dar a un ente privado facultades que solo le concedo al Estado de derecho.